No, una persona extraditada solo puede ser juzgada por el delito por el cual fue solicitada su extradición.
La falta de tratado de extradición significa que dos países no tienen un acuerdo formal que permita la entrega de personas buscadas por la justicia en uno de los países.
. La defensa solitaria e inútil frente a la amenaza del narcotráfico internacional no es un invento de los críticos para ponerle una camisa de fuerza tricolor al Gobierno.
Puede haber otras consideraciones más pragmáticas, por supuesto, pero tampoco revisten mucho peso. Las extradiciones pueden ser largas y costosas—excepto claro cuando, como ocurrió en el caso de Edgar “La Barbie” Valdez y de su suegro, los extraditables de hecho renuncian a pelear la extradición, pidiendo para los fines prácticos que los trasladen a Estados Unidos lo antes posible. Y es posible que los capos detenidos sean fuentes inagotables de inteligencia que se prefiere se quede en México. Pero un análisis de costo-beneficio very simple, pragmático también, dejaría en claro que las ventajas que se puedan obtener al procesar a los criminales en México deben ser, al menos, mayores que las desventajas de mantenerlos en un ambiente que pueden corromper o manipular a su conveniencia.
Si el país requerido acepta la solicitud de extradición, se inicia un proceso legal en el que se determina si el individuo debe ser entregado al país solicitante.
La extradición se refiere al proceso mediante el cual un individuo acusado o condenado por un delito en un país es entregado a otro país para ser juzgado o cumplir una condena.
El pais requerido decide si acepta o no la extradición y en caso de aceptada, esta se deja a manos de la interpol.
La pregunta de fondo es, más bien, por qué algo de eso importa. Nadie mueve una pestaña cuando los narcotraficantes son “abatidos” por las fuerzas armadas o la policía—por el contrario, suele celebrarse—así que no se puede argumentar con plena consciencia que, en tanto mexicanos, merecen la protección del Estado mexicano en todas las circunstancias. Tampoco se puede argumentar que al extraditarlos se les está sometiendo a un sistema de justicia penal corrupto o arbitrario o que están escapando a la justicia. Es possible que tengan mayores garantías allá de las que tiene un acusado promedio aquí y sería particularmente necio obviar el hecho de que, tanto en Estados Unidos como en México se les juzgaría check these guys out esencialmente por la misma actividad: el tráfico de drogas.
2. El informe de un contador, la pieza clave de la supuesta relación entre el humorista Carroloco y el Clan del Golfo
En caso de que la persona que se quiere extraditar no esté de acuerdo con la decisión de la Audiencia Nacional, puede presentar un recurso ante el Tribunal Supremo español.
Es importante destacar que la notificación de la querella al querellado debe cumplir con los plazos establecidos por la ley. El acusado tiene un tiempo determinado para tomar conocimiento de la querella y preparar su defensa.
Si confirma el acuerdo, queda firme y se ejecuta; si lo revoca, ordena dejarlo sin efecto y liberar al reclamado.
Es un invento del propio Gobierno para ponerse, una vez más, metas que simplemente no pudo cumplir; para envolverse en la bandera y, a la manera del cuento del cadete en Chapultepec, sacrificarse de manera completamente inútil pero muy vistosa.
No basta con decir que México debe castigar a sus propios delincuentes, hay que hacerlo. Es posible que a alguien le resulte embarazoso que el Estado mexicano reconozca implícita o explícitamente que no puede mantener encerrados a sus grandes capos y que debe enviarlos a Estados Unidos, pero la realidad es que debería resultar mucho más vergonzoso que se comprometa a hacerlo y se demuestre, una y otra vez, que en realidad no puede.